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Editorial del Programa ECOS del día 19 y 21 de Noviembre de 2009
Cuando leí el titulo: La Federal investiga la conexión entre mapuches y ETA
Como un tema de seguridad nacional, según el vocero de la Unidad Antiterrorismo de la Policía, no entendí nada.
¿Qué pasaba? Las comunidades mapuches de Neuquén, Río Negro y Chubut solicitan que se les reconozca la ocupación ancestral de miles de hectáreas que hoy en manos de estancieros locales y extranjeros.
La organización Askapena es una ONG internacional que tiene entre otras nacionalidades, miembros vascos. Estudiantes, maestros y trabajadores que en vez de irse a Cancún viajan en sus vacaciones a diferentes lugares para conocer realidades distintas. Y desde 2007 visitan a los mapuches. Pero tuvieron la mala idea de hablar en un acto mapuche, en octubre.
Decir mapuches y decir vascos, en las cabezas de la policía fue decir ETA.
Y en el medio de la meseta patagónica interceptaron el bus que los llevaba de regreso…. Habrán escuchado o leído en la prensa las intimidaciones a Moira Millán, la líder india que tuvo vehículos con hombres silenciosos estacionados frente a su casa durante todo el tiempo que estuvieron los de la ONG. Y luego, fue seguida por las calles, en las viejas maniobras que en el barrio les decíamos “aprietes”.
No fue sugestión: esas “vigilancias” fueron confirmadas al diario Crítica por un vocero de la Unidad Antiterrorismo de la Policía Federal y otro de la Gendarmería Nacional,
Carlos Sapag, hermano del gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, y gerente minero se fue de boca y declaró que cuadros de ETA y de las FARC habían cruzado a la Argentina desde Chile para asesorar a los mapuches de su provincia en estrategias de guerrilla y recuperación de tierra. “Tienen armas y se financian con el narcotráfico. E insistió con su pedido de mano dura.
Rolando Hanglin publico rápidamente en La Nación una nota en la cual apela a que los mapuches “vinieron de Chile”.
Chacho Liempe vive en El Bolsón, al sur de Río Negro. Es el titular del Consejo Asesor Indígena y dice: “cuando nuestro pueblo sale a reclamar tierra no sale con armas, sino con la ley, con el convenio 169 de Naciones Unidas, al que la Argentina adhiere, que reconoce la existencia de los pueblos antes de la existencia de la Nación”.
Decía Darío Aranda el otro día en una excelente nota: Los mapuches provienen de Chile. Los mapuches mataron a los tehuelches, que eran indígenas argentinos, buenos y serviciales. Los mapuches no tienen derechos sobre los territorios que ocuparon. Los tres ejes conforman la cadena argumentativa utilizada en la Campaña al Desierto, que fue retomada con insistencia por los grandes estancieros de la Sociedad Rural y los medios de comunicación que le son afines para exigir represión frente a los reclamos de los pueblos originarios.
El mundo académico, que sobre la base de pruebas contundentes había dado por cerrado el debate, reaccionó primero con rechazo y luego con preocupación. “La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA repudia la aparición de artículos periodísticos que desacreditan la preexistencia del pueblo originario mapuche, desconociendo legislaciones vigentes y la producción científica de las últimas décadas”, denuncia un comunicado del Consejo Directivo de esa casa de estudios.
La avanzada contra el pueblo mapuche aparece en un contexto de creciente reivindicación de sus derechos, el pedido de judicialización de los movimientos sociales y el reciente asesinato de un miembro del pueblo diaguita en Tucumán.
Crecencio Pilquimán tiene 73 años y siempre vivió en Paraje Cerro Bayo, desierto de Chubut. Es miembro de la comunidad aborigen Lagunita Salada, Gorro Frigio y Cerro Bayo. En 2007 tuvo que recurrir a la Justicia porque el Instituto Autárquico de Colonización (IAC) había cedido campos comunitarios a un estanciero de la zona. La Constitución Nacional, la Provincial y el Convenio 169 de la OIT, señala que se debió consultar a la comunidad antes de decidir cualquier medida que pueda afectarla. Pero a ellos ni siquiera se les informó.
Hubo una primera medida favorable a la comunidad, pero luego la Justicia rechazó la acción de amparo, a pesar de demostrarse que en el predio había un cementerio donde yacían sus antepasados. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que aún no se expidió.
El abogado del estanciero, Eduardo Zabaleta, se basó en la supuesta “chilenidad” del pueblo mapuche para negarle el derecho a su territorio.
La Confederación Mapuche informó que las comunidades enfrentan 32 causas penales y la “discriminación racial institucionalizada”, la falta de titulación de territorios, el avance de empresas extractivas, los desalojos compulsivos y la criminalización creciente.
La actual ofensiva sobre el pueblo mapuche contiene un error conceptual de base en toda su argumentación por atribución de nacionalidades a pueblos preexistentes. Una suerte de xenofobia selectiva y discriminación.
La arqueología comprobó la ocupación milenaria de ambas vertientes andinas como una misma área y no sólo como cruces cordilleranos de población humana sino de la utilización conjunta de aquello que hoy se ve como ‘ambos lados de la cordillera’”,
Las poblaciones cruzaron la cordillera de manera regular desde miles de años antes a la conformación de los Estados nación, pero no es casual el momento histórico en el que esa acción comenzó a ser vista como contraria y enemiga a la identidad nacional. “Hacia la década de 1870 (inicio de la Campaña del Desierto) convertir la globalidad de la población originaria de la Pampa y Patagonia en ‘invasores extranjeros’ otorgaba una supuesta legalidad a las campañas militares que las sometieron, expulsaron y se apropiaron de sus tierras y fuerza de trabajo”.
En Chile dicen que son de Argentina, que los invaden. En Argentina repiten que son de Chile. Tales transmigraciones se produjeron cuando ni Chile ni Argentina habían nacido. Ellos señalan: “A las multinacionales mineras y petroleras que saquean nadie les pide explicaciones sobre sus orígenes y las leyes las protegen con eficacia”.
